Gobierno del Estado llevará a la quiebra a concesionarios de Verificentros.
Poza Rica,Ver: Debido a que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) quiere ser quien se encargue del cobro de verificación vehicular, Concesionarios de Verificentros de la ciudad Petrolera, se encuentran molestos debido a la aprobación a las modificaciones al Código Financiero y Código de Derechos del Estado de Veracruz para que sea esta la que se encargue del cobro.
Los quejosos señalaron que son un promedio de a más de 300 concesionarios en la entidad los que se estarían viendo afectados por esta situación, por lo que Héctor Manuel Fernández, técnico verificador del establecimiento No Smooth de Poza Rica indicó que con esta decisión el Estado pretende despojar a los concesionarios de su lugar de trabajo, puesto que se trata de una medida meramente recaudatoría.
En entrevista dijo que de concretarse esta decisión el Estado solo quiere pagar una minima cantidad, pues de los 365.20 pesos qué se cobra por la verificación desde hace 5 años, ahora el gobierno le quiere pagar a los concesionarios 120 por el servicio, lo que representa un duro golpe para los 300 concesionarios de Veracruz.
Señaló que cada mes los concesionarios tiene que pagar rentas arriba de 15 mil pesos, además de nóminas, seguros, servicios básicos y demás gastos para los prestadores de servicios, por lo que tendrían que realizar hasta 50 verificaciones diarias, para poder obtener los ingresos qué requieren para subsistir.
Aunado a lo anterior los usuarios saldrían perjudicados también, ya que ahora tendrán que pagar un monto mayor al ya asignado, esto al pagar una cuota en farmacias y tiendas de conveniencia donde podrán realizar sus pagos, incluso tendrán que pagar multas y recargos de manera forzada al pagarle directamente al estado.
Cabe destacar que la iniciativa enviada por el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez se aprobó con 41 votos a favor, para que ahora sea la Sefiplan y no la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) la encargada del cobro, situación que causo un gran conflicto entre los concesionarios, ya que aseguran que en pocas palabras pasaran a ser empleados de gobierno, cuando ellos hicieron la inversión para poner sus establecimientos.