Las reformas contemplan sanciones de hasta 10 años de cárcel por eludir medidas tecnológicas de protección. Estas medidas, también llamadas candados digitales, son impuestas por fabricantes de hardware y software para impedir el acceso, copia o modificación de información contenida en un dispositivo o sistema.
Sin embargo, estos candados obstaculizan el derecho de las personas a reparar sus propios dispositivos, modificarlos a sus necesidades, utilizar piezas o consumibles de marcas diferentes o estudiarlos para detectar sus vulnerabilidades. Incluso limita la posibilidad de usar fragmentos de obras extraídas de un soporte adquirido legalmente, como hacer una captura de pantalla o digitalizar un libro o vídeo. Cualquiera de esas actividades te podría acarrear multas millonarias o mandarte a prisión.